El covid y la deserción escolar incrementaron el trabajo infantil, según el Inegi

En Chiapas, la pobreza infantil creció de 83 a 85%, describe Jennifer Haza, directora de la organización Melel Xojobal, pero pidió considerar que no todo el trabajo infantil es realizado en malas condiciones o en niveles de explotación. 

“En la cosmovisión de algunos grupos originarios el trabajo es una habilidad para la vida y niñas y niños se incorporan a las tareas domésticas y del campo desde edades tempranas, lo consideramos como trabajo familiar y contribuye al adecuado desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”, comentó. 

 En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio, la directora de Melel Xojobal, que acciona en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, explica que el trabajo infantil bien supervisado puede, incluso, convertirse en factor de protección de los menores de edad en el contexto del reclutamiento que hace el crimen organizado en estos grupos de edad, “pues están ocupados en eso (en su trabajo) y están ganando dinero para acceder a su educación, a la salud, a la economía familiar, se sienten útiles, tienen un proyecto en su vida cotidiana, de responsabilidad y solidaridad con otros, entonces, nos parece que justo en este contexto que estamos viviendo en el país urge reflexionar sobre cómo el trabajo familiar puede ser o es un factor de protección para las niñas y niños”. 

Respecto a la pandemia, sostuvo que la organización que encabeza hizo un estudio con 100 niños y niñas de San Cristóbal, una vez que habían pasado dos meses del inicio de la pandemia. 

El estudio arrojó que, de cada 10 entrevistados, cuatro trabajaban, 43% habían perdido ingresos porque disminuyeron sus salarios, 33% había perdido su trabajo y sus preocupaciones eran “ganar menos dinero”, “renunciar al trabajo”, “quedarse sin trabajo” o “tener que buscar otro trabajo”. 

 “Para muchas niñas, niños y adolescentes trabajar representa una forma de acceder a los derechos que el Estado no protege ni garantiza como, por ejemplo, en materia de salud, educación, alimentación, pues los ingresos o la aportación económica de ellos sirve para los gastos familiares, que también se les ubica como ‘trabajo familiar’”, apuntó. 

 Chiapas y Oaxaca son las dos entidades con más menores de edad que trabajan, por lo que la directora de Melel Xojobal explica que “parece que es un falso dilema esto, de si las niñas y niños deben de trabajar o no trabajar, o si el trabajo es bueno o malo, nos parece que puede ser formativo, que el bueno o malo si lo queremos ver así, tiene que ver con las condiciones en las que se realiza y con la situación de sus derechos”. 

Mencionó que los infantes de grupos originarios y afrodescendientes en pobreza son quienes más participan en actividades económicas “y las propias condiciones de exclusión social, como el rezago educativo o el empobrecimiento, los colocan en mayores condiciones de riesgos de trabajo explotado, no acorde con su edad o capacidades”. 

 Otros factores que inciden son el tamaño de las localidades y el nivel educativo de sus padres o tutores.

 En el ámbito de trabajo doméstico, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), mencionó que no todo este tipo de trabajo tendría que ser erradicado, “sobre todo cuando hacía falta un cambio cultural en el que los varones aporten al trabajo doméstico desde pequeños”. 

 Explicó también que los trabajos peligrosos en los que más laboran los niños y niñas mexicanos son en el sector de la construcción, el campo, con el uso de productos químicos, así como en bares y cantinas. 

En cantinas y bares, el sector agrícola y de la construcción se emplean 1.1 millones de niñas y niños y de esta cantidad 880 mil niñas y niños son menores de 15 años, explicó Ramírez. 

Otro dato, mencionó la directora de Redim, es que, de los 3.3 millones que identificó la ENTI 2019, 2 millones son niños y 1.3 millones son niñas. 

 “Algo que se tiene que hacer es avanzar en una conversación, por supuesto con instituciones públicas, con personas tomadoras de decisiones, para poder ahondar en las condiciones que si queremos erradicar en el trabajo infantil y no pensar en su erradicación, sin matices y sin problematizar los orígenes,” consideró. 

Mencionó la necesidad de encontrar soluciones a los desafíos que se presentarán con la entrada en vigor del T-MEC, en materia de supervisión de centros laborales, para detectar malos tratos a los infantes, sobre todo en el ámbito informal. 

 Otra necesidad es fortalecer al SIPINNA (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes) para que articule el quehacer público y se entienda como una política del Estado y no dejar el tema sólo en manos de la Secretaría del Trabajo y del DIF. 

Según la ENTI 2019, 11.5% de la población infantil se encontraba en condiciones de trabajo infantil. 

Las proyecciones de la OIT arrojan que por cada punto porcentual de incremento de la pobreza se generan 0.7% más de niñas, niños y adolescentes que se incorporan a las actividades económicas. 

Esto significaría 3.5 millones de niños mexicanos trabajando, por los 2.3 puntos porcentuales que aumentó la pobreza en nuestro país, como resultado de la pandemia.