El abogado Roberto Gil Zuarth señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría hablar con las autoridades de los Ministerios Públicos, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los procedimientos de los ministerios públicos por los que la prisión preventiva, que no debería sobrepasar los dos años, se extiende más de la cuenta.
"Se le olvidó decir que el problema en la práctica es que los ministerios públicos van aumentando las causas. Uno entra por un homicidio, para evitar que esa persona salga de prisión, los ministerios públicos le abren otras carpetas, entonces esa persona tiene que defenderse de varias carpetas durante mucho tiempo", señaló Gil Zuarth.
"El presidente de la República puede pedirle a sus ministerios públicos que cambien sus medidas en esos casos, no tiene por qué estar esperando sentencia en prisión, el ministerio público le puede pedir a los jueces de control que en lugar de estar en prisión preventiva, se les ponga brazaletes, se les ponga arresto domiciliario, se les pongan limitaciones para salir de una determinada geografía; hay muchas alternativas", agregó el abogado.
Esta mañana, el presidente López Obrador se refirió a los casos de Brenda Quevedo, implicada en el caso Wallace, y el de Israel Vallarta, quien lleva 17 años sin sentencia en prisión; dijo que en su gobierno hay voluntad de que se haga justicia, por encima de las amenazas de cualquiera.
"La Constitución es muy clara: ninguna persona puede estar privada de su libertad más de dos años sin tener sentencia. Lo acaba de decir la Corte hace unos meses, ratificando que uno debe de recuperar su libertad en un plazo no mayor a dos años. Es el caso del señor Vallarta, que según se sabe, tiene otras causas por secuestro", explicó Gil Zuarth.
Este martes 22 de noviembre continuará la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la prisión preventiva oficiosa. El proyecto del ministro Luis María Aguilar plantea que ésta deje de ser automática y que se estudie caso por caso su aplicabilidad.
"Quizá no sea un asunto de mera disposición del presidente de la Suprema Corte, sino de hablar con ministerios públicos y con la cabeza de los ministerios públicos para que apliquen la ley. Y en lugar de estar 'chicaneando' asuntos para alargar la estancia de esa persona en prisión; mejor, donde haya casos, que se vaya a juicio y donde no haya caso, que dejen a las personas en paz", dijo al respecto Roberto Gil.
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