Después de 4 años de haber sido extraditado de España, un tribunal federal destrabó el inicio del juicio por los presuntos sobornos que habría recibido el ex director de Pemex de parte del gigante de la construcción brasileña.
Pero además, como consecuencia del mismo fallo, quedaron excluidas en forma definitiva las pruebas clave en su contra, es decir, la información financiera enviada por Brasil y Suiza para acreditar los supuestos depósitos ilegales en sus cuentas.
Lo anterior significa que Lozoya será citado a una audiencia para ser juzgado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, pero sin las evidencias bancarias que acreditarían con toda certeza las "mordidas" de 7 millones 336 mil 351 dólares a Odebrecht, a cambio de contratos.
Al resolver un recurso de queja, presentado por Lozoya, el Tercer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó desechar el amparo con el que Pemex pretendía que echar abajo la cancelación de estas pruebas contra el ex funcionario.
Por decisión unánime y a propuesta del magistrado Miguel Ángel Medécigo, el colegiado declaró fundada la queja y revocó la admisión del amparo de la empresa productiva del Estado, porque estimó que la anulación de esas evidencias es un acto intraprocesal.
Es decir, que lo que reclama Pemex es un acto relacionado con la formalidad del procedimiento y no una violación de derechos constitucionales de imposible reparación, razón por la que no es procedente el amparo.
"Se les propone declarar fundado el recurso y revocar el auto impugnado que admitió la demanda de amparo, al advertirse la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia (...) y que consiste en que son actos que no son de imposible reparación, lo que conduce a lo alegado por la parte recurrente, es decir, el desechamiento de la demanda de amparo", dijo Medécigo durante la sesión del colegiado, al presentar su proyecto de sentencia que luego fue aprobado.
Este litigio tiene como antecedente la audiencia intermedia del 10 de marzo de 2023, en la que el juez de control federal Gerardo Alarcón López anuló la información financiera aportada por Suiza y Brasil a la investigación de la FGR.
Las pruebas anuladas son la información financiera que Suiza entregó a México de las empresas de Lozoya y los comprobantes bancarios que proporcionó Brasil sobre las transferencias de las empresas off shore Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latin America Asia Capital Holding y Zecapan, la primera de ellas empleada por Odebrecht para el pago de supuestos sobornos al ex funcionario.
La Confederación Helvética remitió a México los informes el 20 de septiembre de 2018 y el Ministerio de Justicia de Brasil hizo lo propio el 18 de octubre de 2017, en respuesta a solicitudes de asistencia jurídica.
El 19 de septiembre pasado el Primer Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la exclusión de esas pruebas y contra ese fallo Pemex presentó un amparo que fue admitido el 7 de noviembre por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación.
Lozoya promovió una queja contra esta última resolución y en marzo de este año pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atrajera su recurso, pero la Primera Sala rechazó su solicitud y regresó el expediente al colegiado.
Es precisamente esa queja con la que logró que ahora el colegiado desechara el amparo de Pemex.
El fallo del tribunal también deja sin efecto una suspensión que impedía iniciarle el juicio por el Caso Odebrecht, razón por la que a partir de ahora ya puede ser citado a comparecer a una audiencia ante un tribunal de enjuiciamiento.
Al mismo tiempo, la sentencia sepulta la última oportunidad que tenían las autoridades federales para que la información bancaria del acusado, entregada por solicitudes de asistencia jurídica internacional, fueran consideradas en el juicio.
Aunque desde el 12 de marzo de 2023 un juez de control le dictó el auto de apertura de juicio, éste no podía dar inicio por las suspensiones dictadas en amparos y apelaciones. Fue 16 meses después cuando dejó de haber este impedimento.
Por el Caso Odebrecht, la FGR pidió imponerle a Lozoya una condena de 46 años con 6 meses de prisión por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, y a su madre Gilda Margarita Austin y Solís un total de 21 años con 3 meses sólo por los dos primeros delitos.
El ex funcionario tiene otro proceso en curso por el Caso Agronitrogenados, pero en ese asunto el juicio está suspendido.
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