El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que atenderá el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado a las indagatorias del Gobierno de Estados Unidos por su supuesta protección y colaboración con "Los Chapitos".
A través de una publicación en redes sociales, el Mandatario morenista confirmó que recibió el citatorio ayer por la mañana.
"Hoy (ayer), en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República. Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer", afirmó en X.
El organismo confirmó que Rocha y los integrantes de su círculo político y de seguridad señalados por Estados Unidos "están siendo citados a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación" como parte de la investigación abierta en México tras la acusación presentada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
El movimiento representa el primer paso formal de la FGR frente al expediente estadounidense que desde principios de mayo detonó una crisis política en Sinaloa y colocó bajo presión al núcleo de poder construido por Rocha Moya.
La acusación estadounidense alcanzó a 10 mexicanos, entre ellos funcionarios, ex funcionarios y operadores ligados con áreas estratégicas de seguridad, procuración de justicia y finanzas del Gobierno sinaloense.
Entre los señalados aparecen Enrique Inzunza Cázarez, actual senador de Morena y ex Secretario General de Gobierno; Enrique Alfonso Díaz Vega, ex Secretario de Administración y Finanzas; y Dámaso Castro Saavedra, Vicefiscal General del estado.
También figuran Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública estatal; Marco Antonio Almanza Avilés, ex Comisario General de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", ex mando de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, alias "Tornado"; Juan de Dios Gámez Mendívil, Alcalde con licencia de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito".
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados habrían utilizado posiciones dentro de instituciones de seguridad y Gobierno para brindar protección, información sensible y respaldo operativo a una facción del Cártel de Sinaloa ligada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
La acusación sostiene que la organización criminal logró construir una red de protección institucional con capacidad para obstaculizar investigaciones, mantener control territorial y facilitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
El caso golpeó directamente el discurso de control y gobernabilidad sostenido durante años por Rocha Moya, particularmente en medio de la guerra interna que enfrenta Sinaloa desde septiembre pasado entre facciones del propio Cártel de Sinaloa.
Durante meses, el estado acumuló asesinatos, desapariciones, enfrentamientos, narcobloqueos, ataques armados y hallazgos de explosivos improvisados y drones adaptados para agresiones, mientras el Gobierno estatal insistía en que existía coordinación con fuerzas federales y control institucional.
La acusación estadounidense modificó el escenario político al colocar bajo sospecha a integrantes del aparato estatal encargados precisamente de seguridad y procuración de justicia.
El impacto aumentó luego de que dos de los implicados decidieran entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses.
Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de Seguridad Pública estatal, cruzó hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y armas. Fiscales estadounidenses lo acusan de presuntamente recibir sobornos mensuales del grupo criminal a cambio de protección e información sobre operativos.
Posteriormente también se entregó Enrique Díaz Vega, ex Secretario de Finanzas, identificado por la acusación como un presunto enlace político y financiero dentro de la estructura investigada.
La ofensiva judicial estadounidense coincidió además con el endurecimiento de la política antidrogas de Washington.
La nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026 de la Casa Blanca sostiene que los cárteles mexicanos evolucionaron hacia estructuras con capacidad de control territorial, cadenas internacionales de suministro y penetración institucional capaz de amenazar directamente la seguridad estadounidense.
En ese contexto, el expediente contra Rocha y su entorno se convirtió en uno de los casos más delicados para Morena, al involucrar presuntamente a funcionarios de alto nivel de un Gobierno estatal en una red criminal vinculada con el tráfico de fentanilo.
Aunque la FGR no informó aún sobre imputaciones formales o solicitudes judiciales contra Rocha Moya, la citación a entrevistas ministeriales confirmó que la Fiscalía mexicana ya abrió una línea de investigación propia sobre las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
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