Un juez federal vinculó a proceso a tres ex funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por presuntamente ejecutar el embargo de cuentas bancarias del ISSSTE por más de 589 millones de pesos en demandas laborales fraudulentas.
Mauricio Urzúa Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, procesó a los ex servidores públicos por delitos contra la administración de la justicia, en una modalidad sancionada con 3 a 8 años de prisión y pago de 30 a mil 100 días multa.
Los procesados son Francisco Ayala Borunda, ex presidente de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los actuarios Raquel Andrea Hinojosa Martínez y Christian Jesús Montelongo Reza, informaron funcionarios judiciales.
Su proceso lo llevarán en libertad, ya que el impartidor de justicia les impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del País y de acercarse a testigos, así como su presentación periódica ante la unidad de control que supervisa a los procesados.
El juzgador fijó un plazo de 6 meses para la investigación complementaria, tiempo que tendrán la FGR y los imputados para reunir los respectivos datos de prueba que pretendan ofrecer en el procedimiento.
Borunda cumplirá con su firma periódica en la Unidad de Medidas Cautelares de Chihuahua, donde ahora reside, y los actuarios lo harán en Torreón.
Modus Operandi
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR imputó a Borunda y a los actuarios de haber embargado al ISSSTE por 589 millones 707 mil 494.6 pesos, para que pagara a cientos de pensionados una compensación que legalmente ya no existe.
Del total, el Instituto pagó 70 millones 99 mil 649.85 pesos y evitó liquidar el resto gracias a suspensiones de amparo que promovió contra la ejecución de los embargos.
Los embargos fueron dictados entre el 4 de agosto de 2017 y el 28 de enero de 2019 en siete laudos laborales, con base en demandas presentadas por pensionados de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Yucatán, mayoritariamente de las secretarías de Educación Pública federal y estatales.
El Gobierno federal denunció este tipo de demandas laborales como fraudulentas porque, conforme a una jurisprudencia dictada en 2016 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa prestación no debe ser incluida en el cálculo de la pensión.
Según la imputación, Francisco Ayala Borunda, ex presidente de la Junta Especial Número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, tramitó estas demandas en las que al final dictó los laudos contra el ISSSTE.
Los actuarios Raquel Andrea Hinojosa Martínez y Christian Jesús Montelongo Reza supuestamente no emplazaron en forma debida al Instituto para que contestara las demandas, lo que ocasionó que la Junta Especial tuviera por ciertas las pretensiones de los pensionados.
Una vez que el ISSSTE perdió los litigios, Borunda ordenó embargar las cuentas bancarias del Instituto, en este caso algunas previstas para pagos de medicinas, servicios generales para hospitales y nóminas de médicos, para el pago de la prestación inexistente.
Según la Fiscalía, el entonces presidente de la Junta pidió al banco que le girara los cheques a nombre de cada trabajador por la cantidad embargada y luego los entregó físicamente a cada pensionado.
La cadena de esta presunta estafa concluía en una sucursal bancaria de Torreón, a donde iban los abogados con sus clientes pensionados a cobrar el cheque. Allí una cajera les descontaba entre el 30 y 35 por ciento de los honorarios de los representantes legales.
El caso de Borunda y los actuarios es apenas uno de los casos judicializados por este desfalco.
La FGR estima que las Juntas Federales condenaron al ISSSTE a pagar más de 3 mil millones de pesos, mediante estas demandas fraudulentas.
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