El 40 por ciento de la actividad económica del País ha sido investigada por presuntas prácticas anticompetitivas desde la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en 1993, hasta 2018, reveló un informe del Banco Mundial (BM).
Una característica única de la ley de competencia mexicana es el uso de multas y órdenes de supervisión (de cese inmediato, medidas cautelares y directivas de cumplimiento) para detener cualquier comportamiento ilegal de las partes involucradas, indica el informe "Perspectivas Económicas, América Latina y el Caribe", publicado este mes.
El BM analizó el impacto de las sanciones impuestas por la Cofece con base en 90 casos.
"En este periodo, alrededor de 40 por ciento de la actividad económica en México fue investigada por presuntas prácticas anticompetitivas. Las sanciones monetarias en los casos antimonopolio se tradujeron en un aumento de las ventas de entre 3.8 y 5.8 por ciento en los sectores afectados.
"Esta investigación muestra que la identificación y penalización de prácticas anticompetitivas fue efectiva a la hora de revertir la caída de las ventas en sectores anteriormente monopolizados", dijo.
Por estas acciones los consumidores se beneficiaron de precios más bajos o mayor cantidad de bienes por la misma competencia, dijo.
"La masa salarial aumentó entre 4.8 y 5.5 por ciento por año tras las sanciones, mientras que los salarios promedio también aumentaron, así como el empleo.
"La productividad también aumentó, confirmando que las medidas antimonopolio mejoran el crecimiento de la productividad total de los factores basada en ingresos a nivel sectorial", expuso el BM.
El análisis dio cuenta de un estudio llevado a cabo sobre más de 300 carteles detectados en América Latina entre 1980 y 2020.
Según datos del Anti-Cartel Enforcement del BM, al menos 21 por ciento de los expedientes implicaban productos de consumo básico como azúcar, papel higiénico, trigo, carne aviar, leche y medicinas.
Los países con el mayor número de casos fueron México, Colombia y Brasil.
El organismo concluyó que el efecto que tuvieron estos carteles fue el incremento en los precios al consumidor de entre 5 y 25 por ciento.
Mientras que en al menos 4 por ciento de los casos, el costo adicional impuesto por los carteles duplicó los precios al consumidor.
"Además de reducir el ingreso disponible, particularmente entre los grupos de menores ingresos, los carteles pueden frustrar los esfuerzos por reducir la pobreza en contextos en desarrollo, desviando recursos públicos valiosos hacia la aplicación de la normatividad antimonopolio", advirtió el BM.
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