La última Convención Bancaria del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se celebrará con un manojo de pendientes regulatorios y otros cambios que debieron impulsarse en conjunto con la iniciativa privada.
Uno de ellos es la prometida "reforma radical", allá por el 2021, con la que se busca acabar con la regulación y burocracia excesiva que dificultan la creación de empresas en el País, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
La Asociación de Bancos de México (ABM), solicitó al Gobierno de AMLO mayor simplificación en los trámites para la apertura de nuevas empresas, así como para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Otro de los pendientes es una reforma a los créditos de nómina con la que se pretende que dichos préstamos sean más baratos para los trabajadores y que el proceso de originación y pago sea más simple; aunque hay avance en las modificaciones, esto aún no es un hecho en el País.
Pese a los ataques cibernéticos en aumento en distintos sectores, y donde el financiero no se ha escapado, sigue en pausa todo un nuevo marco jurídico en materia de ciberseguridad en las instituciones financieras.
Si bien se contempló la emisión de una Circular Única de Ciberseguridad, esta se echó para atrás y quedó pendiente la homologación de los estándares mínimos para mitigar riesgos cibernéticos.
A la congeladora también se fue una regulación en materia de criptomonedas y una modificación a los capitales mínimos requeridos para operar una licencia bancaria en el País y reubicar a los bancos de nicho.
Desde 2018 se persigue una reducción importante en las comisiones bancarias así como envío de remesas.
En el tintero también quedó el que las instituciones financieras ofrezcan productos y servicios financieros más baratos para las mujeres.
.jpg&w=107&h=85&zc=1)
COMENTA ESTA NOTA