La Suprema Corte de Justicia alargó hoy, de nueva cuenta, el litigio de casi veinte años en el que trabajadores mineros reclaman al sindicato del diputado morenista Napoleón Gómez Urrutia el pago de 54 millones de dólares, que obtuvo como parte de la compra de la mina de Cananea por parte de Grupo México.
El proceso inició en 2005, y si bien varios grupos de ex trabajadores han obtenido diversas sentencias favorables, la Segunda Sala de la Corte amparó hoy al sindicato.
Por cuatro votos contra uno, la Sala determinó que todos los expedientes relacionados con este reclamo se deben acumular en uno para que se dicte una sola sentencia y no existan fallos contradictorios.
La Corte consideró que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo se equivocó al rechazar la solicitud del sindicato para acumular todos los juicios, dándole preferencia al derecho humano a una justicia pronta, sobre el derecho a una justicia completa e integral.
"El derecho de acceso a la justicia se integra por cuatro principios: justicia pronta, justicia completa, justicia imparcial y justicia gratuita, principios que no se oponen unos a otros, sino que se deben tomar en conjunto", afirmó.
El efecto de este amparo consiste en que la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje deberá acumular tres expedientes en los que se reclama el mismo dinero, para emitir un solo laudo, que será el cuarto que ha dictado desde que inició el litigio.
En octubre 2019, la Segunda Sala rechazó una solicitud del tribunal colegiado para atraer todos los amparos relacionados con este caso, argumentando que no había temas de constitucionalidad que ameritaran su intervención extraordinaria.
El sindicato ya tiene ganado un amparo que hará más difícil que algunos ex trabajadores puedan cobrar, y además, el nuevo laudo seguramente será impugnado de nueva cuenta, mediante amparo directo ante el tribunal colegiado.
Incluso, si el gremio pierde todas las instancias, quedará pendiente el incidente para liquidar la sentencia, en el cual se tendrán que fijar los montos que corresponden a cada ex trabajador.
Este proceso es complejo, pues se tendrá que aclarar caso por caso cuántos de los afiliados a la Sección 65 del sindicato trabajaban en Cananea cuando se vendió la mina en subasta pública a Grupo México, luego de ser declarada en quiebra, en 1990 y además, calcular los intereses acumulados.
El presunto manejo indebido de estos recursos, que Grupo México depositó en un fideicomiso en 2005, llevó a acusaciones por fraude y lavado de dinero contra Gómez Urrutia, quien se exilió en Vancouver, Canadá, y luego fue absuelto de los cargos.
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