El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador exentó de aranceles la importación de vehículos eléctricos, tanto de transporte para menos de diez pasajeros, como de transporte de mercancías.
Ahora, el Gobierno actual se dispone a imponer un arancel de 50 por ciento cuando dichos vehículos sean importados de países con los que no haya tratado comercial, como China, que en 2024 produjo el 70 por ciento de los 17.3 millones de autos eléctricos nuevos a nivel mundial.
El 7 de junio de 2022, fue publicada una nueva Ley General de los Impuestos de Importación y Exportación, en la cual se contemplaba un arancel de 15 por ciento para las fracciones 8703.80.01 y 8704.60.02, que se refieren a vehículos eléctricos, salvo los usados.
Sin embargo, el 11 de noviembre de 2022, López Obrador emitió un decreto por el que exentó totalmente de aranceles la importación de estos vehículos, sin importar cuál fuera su país de origen.
El Ejecutivo no dio mayores explicaciones para esta medida. Se trató de un decreto que abarcó cientos de fracciones arancelarias de muchos otros productos.
La reforma propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum implicará un arancel de 50 por ciento en ambas fracciones, que es el más alto que se puede aplicar. Esto impactará a empresas como BYD, una gigante compañía china dedicada a la fabricación de vehículos, que en los últimos dos años vendió más de 80 mil unidades en México.
La reforma también afectará la importación de más de 90 categorías de auto partes, que actualmente están exentas o gravadas con arancel de sólo 5 por ciento, y que ahora tendrán que pagar el 35 por ciento. Esto impactará a las industrias de manufactura y mantenimiento en nuestro País.
Las empresas afectadas podrían intentar presentar amparos contra la reforma, que de entrada estará vigente hasta diciembre de 2026, una vez que sea aprobada por el Congreso y publicada. Un argumento de los amparos sería que los aranceles desincentivan la venta de vehículos de cero emisiones, lo que afecta al medio ambiente.
Sin embargo, históricamente, el Poder Judicial ha sido renuente a conceder suspensiones contra las decisiones del Ejecutivo en materia de aranceles y comercio exterior, tema donde la Constitución le da amplias facultades al Gobierno.
Incluso, si se conceden suspensiones, las empresas tendrían que exhibir garantías o fianzas por el monto aproximado de aranceles que dejarían de pagar mientras se litigan los juicios para determinar la Constitucionalidad de la reforma.
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