La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el regalo de plazas automáticas para nivel básico y medio superior, sin pasar por un examen o concurso de oposición, a los egresados de las normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio, que propuso el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y avaló el Congreso en 2019.
La reforma a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al afirmar que se contrapone a la misma reforma educativa de López Obrador que estableció, en el artículo tercero Constitucional, que el acceso a la carrera magisterial debe ser mediante procesos de selección "públicos, equitativos e imparciales", que se debe elegir al personal más capacitado para proteger el interés de niñas, niños y adolescentes y que si se buscara fortalecer a las normales rurales sería mejor dales más presupuesto y mejores programas académicos.
La propuesta del Ministro Irving Espinosa Betanzos, avalada por unanimidad de los Ministros presentes en la acción de inconstitucionalidad 122/2019, afirma que la preferencia de los egresados para fortalecer a esas instituciones es idónea pues se inserta en la estrategia nacional de mejora de las escuelas normales y "en la política de revalorización del magisterio", un ideal del anterior sexenio.
Las plazas fueron anunciadas por López Obrador en 2019, en medio de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
"Yo lo promoví. No es que me hayan presionado, yo no me dejo presionar por nadie, yo tengo mi propio criterio, actúo en función del interés general. Ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo plantee, porque yo quiero fortalecer la educación pública", dijo en su conferencia del 12 de septiembre de ese año.
"Tampoco les gustó, pero ni modo", agregó el ex Presidente contra los críticos de la reforma, luego del aval que le dio el Congreso.
El Ministro Giovanni Figueroa reconoció la confrontación entre el regalo a los egresados de esas escuelas y el párrafo séptimo del artículo tercero constitucional que indica que el personal docente debe seleccionarse mediante procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales que consideren primero los conocimientos, aptitudes y experiencia, mientras que la norma impulsada por López Obrador indicó que esto sólo será así en caso de que haya más plazas.
"La preferencia obligatoria por un grupo de personas, con independencia del resultado obtenido en un proceso de selección es casi por definición inequitativo y parcial. Pero este aparente problema se resuelve porque el octavo párrafo del artículo tercero constitucional mandata el fortalecimiento de las escuelas normales públicas del país", dijo.
Eso mismo apoyó la Ministra Lenia Batres.
"La igualdad a la que refiere el artículo tercero no puede entenderse en un sentido meramente formal, sino que se trata de una igualdad sustantiva que exige tratar igual a quienes se encuentran en situaciones equivalentes y desigual a quienes están en condiciones distintas", expresó Batres.
En la acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, cuando la encabezaba Luis Raúl González Pérez, se argumentó que con las plazas automáticas el beneficio recae en los egresados y no en las instituciones mismas, que podrían fortalecerse mediante presupuesto, infraestructura o programas académicos, y, además, existe un impacto desproporcionado en el derecho a la igualdad de quienes no provienen de dichas escuelas
"Los procesos de selección deben elegir al personal más capacitado, no privilegiar automáticamente a ciertos grupos de aspirantes. Al otorgar prioridad sin evaluar comparativamente méritos y aptitudes, las normas impugnadas afectan el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que exige contar con el mejor personal docente disponible", añadió.
Los Ministros presentes, ocho por la ausencia de Arístides Guerrero, argumentaron que la preferencia por estos egresados no se contrapone ya que la reforma educativa también volvió obligatorio el fortalecimiento de esas escuelas.
"Magnífico proyecto", dijo Yasmín Esquivel.
El Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz reconoció que hay otras universidades, como las interculturales o la de Lenguas Indígenas donde estudian jóvenes de escasos recursos y que no tendrán este beneficio.
"Preferencia no quiere decir exclusividad, y esto yo creo que habría que tenerlo claro", dijo, pero votó por avalar la constitucionalidad de la reforma a los artículos 39, fracción VIII, y 40 de la ley impugnada.
Aunque también votó a favor, la Ministra Sara Irene Herrerías consideró necesario reconocer que también existen egresados de escasos recursos que no logran entrar a estas escuelas beneficiadas.
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