El sector de la construcción en México enfrenta un problema creciente que amenaza tanto la calidad de las obras como la seguridad de la población: la proliferación del llamado “huachicol de cemento”, una práctica ilegal que consiste en alterar bultos originales con materiales de baja calidad para reducir costos.
De acuerdo con José María Barroso Ramírez, presidente de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem), la presencia de este producto adulterado va en aumento en el país, distribuyéndose principalmente a través de canales informales. En muchos casos, el material es rebajado con insumos como caliza, lo que compromete su desempeño estructural.
El principal riesgo radica en que este material no cumple con las normas técnicas, lo que puede provocar grietas, fallas en la capacidad de carga e incluso daños irreversibles en viviendas e infraestructura. Se trata de una amenaza silenciosa que impacta directamente la seguridad de quienes habitan o utilizan estas construcciones.
Además del riesgo físico, esta práctica genera afectaciones económicas importantes:
Engaño al consumidor, al comercializarse con empaques o sellos similares a los de marcas reconocidas.
Operación fuera de la ley, evitando controles de calidad y supervisión oficial.
Ausencia total de garantías, dejando a los compradores sin respaldo ante posibles fallas.
El avance de este mercado ilegal también representa una competencia desleal para empresas formales como Cemex y otras compañías del sector, que cumplen con estándares de calidad y regulación.
Ante este panorama, autoridades y actores de la industria buscan reforzar la vigilancia y frenar la distribución ilegal, con el objetivo de proteger la integridad de las construcciones y garantizar materiales seguros para la población.
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