En medio de reclamos por la invasión de la esfera municipal por parte del Gobierno federal, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de San Lázaro avaló la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum para homologar trámites y servicios catastrales en todo el País.
El objetivo, dice el dictamen, es cerrar la brecha entre catastros digitalizados y los que siguen operando de manera manual, a fin de incrementar la capacidad recaudatoria de los municipios.
Sin embargo, legisladores de la Oposición advirtieron que con la reforma habrá un "predialazo" impulsado por la propia Presidenta al obligar a los alcaldes a actualizar tarifas y sostener económicamente el nuevo sistema de homologación catastral.
La iniciativa del Ejecutivo federal que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue aprobada por la Comisión con 22 votos a favor y 8 en contra, la cual fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el Pleno, esta misma semana.
El dictamen crea el Plan Nacional Catastral y el Plan Nacional Registral como instrumentos de carácter nacional a través de los cuales se establecerán directrices, prioridades y acciones para el desarrollo, fortalecimiento, modernización, coordinación, homologación e interoperabilidad de la función catastral en todo el País.
La nueva ley prevé la instauración de la Plataforma Nacional Catastral, que será una solución tecnológica desarrollada y administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, propuesta que centró las críticas de la Oposición por la invasión de atribuciones de los municipios por parte del Gobierno.
Ello, porque la plataforma será la encargada de gestionar de manera homologada trámites catastrales, así como conectar la información territorial y predial de las entidades federativas y de los municipios.Ademas, procurará estándares comunes e interoperabilidad del sistema catastral del País.
La ex presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, reclamó que la reforma no cumplió con la disposición de consultar a las entidades federativas antes de expedir la ley general sobre catastro, como lo estableció la reforma constitucional del 2013.
"No es un detalle menor, se está desobedeciendo a nuestra Carta Magna. Debió abrirse la discusión y escucharse formalmente a estados y municipios, más allá de una visión ideológica o política", reclamó.
Agregó que el objetivo de "armonizar" el catastro no significaba centralizarlo ni federalizarlo, porque la reforma constitucional claramente estableció que "de ninguna manera podrá federalizar los recursos públicos ni los catastros", por lo que debía respetarse la autonomía de los estados y municipios.
La diputada del PAN advirtió que la propuesta presidencial otorga facultades a su Gobierno para diseñar modelos, administrar plataformas, establecer condiciones y hasta "supervisar" la implementación del sistema.
"Una cosa es establecer estándares comunes y otra colocar funciones locales bajo la dirección y la vigilancia administrativa federal. La Administración Pública Federal supervisará a los municipios, lo que viola claramente la autonomía municipal", recalcó.
"Esta ley, lamentablemente, va a garantizar un predialazo para los más de 2 mil 400 municipios que hay en este País, el predialazo va a afectar a las familias mexicanas, por esta desmedida ambición de obtención de recursos".
El diputado del PRI Arturo Yáñez reclamó que la reforma mete en problemas el patrimonio de las familias porque Morena vuelve a hacer una "triquiñuela" más para aumentar la recaudación.
Señaló que el problema no es la modernización ni la digitalización, sino que habrá consecuencias en las leyes locales y los alcaldes tendrán que aumentar el predial, por obligación de la ley.
"Ustedes lo saben, es importante que los mexicanos lo conozcan: la 4T, Morena, PT y Verde van a aumentar tu predial, mexicano, así.
"Cómo es posible que esta experiencia de actualización conlleva a una carga presupuestal a los municipios, porque la ley no explica de dónde va a sacar los recursos necesarios para la actualización, para el pago de sistemas de información, ¿de dónde van a sacar los municipios?", cuestionó.
Por Movimiento Ciudadano, Irais Reyes dijo que modernizar catastros y registros públicos es necesario, así como digitalizar trámites.
Sin embargo, dijo que el problema no es el objetivo, sino el cómo se van a cumplir.
"Bajo la idea de homologar y modernizar, lo que están haciendo es aplicar un modelo donde todas las decisiones tecnológicas están subordinadas a la Federación, impone obligaciones a los estados y municipios, pero les dice que lo van a tener que pagar ellos. Dan más obligaciones, pero no dan dinero para cumplirlas", alertó.
El presidente de la Comisión, el petista Ricardo Mejía, reconoció que no hubo una consulta a estados y municipios, pero argumentó que el Congreso no podía seguir "pateando el bote" con la aprobación de una ley que se ha pospuesto desde el 2013.
El dictamen establece que la Agencia de Transformación operará la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad, a través de la cual se gestionarán de manera homologada trámites registrales con estándares comunes.
La reforma señala que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la responsable de desarrollar y emitir los planes nacionales en coordinación con la Sedatu, habilitar las herramientas necesarias para su implementación, diseñar y emitir los Modelos de Homologación.
También para desarrollar, habilitar y administrar las Plataformas Nacionales, habilitar los accesos a las autoridades catastrales y registrales de las plataformas nacionales e incluso habilitar las herramientas tecnológicas para que las autoridades catastrales y registrales implementen medios de pago electrónicos o digitales.
Aunque la legislación dice que la aplicación de las plataformas se realizará respetando el ámbito de competencia de los municipios y el principio de libre administración de la Hacienda, legisladores de Oposición advirtieron que finalmente el Gobierno controlará la información.
Los planes se instrumentarán a partir de la asignación de una Clave Única Catastral, un identificador único e irrepetible que se asignará a cada inmueble del país y permanecerá vinculado a él con independencia de los cambios de titularidad o de sus características físicas.
Se crea también una Cédula Única Catastral y Registral, un registro estandarizado que concentrará elementos mínimos para la identificación y ubicación única del predio, que permitirá la vinculación entre la información catastral y registral, y mecanismos de interoperabilidad, es decir, con capacidad de intercambiar y consultar información entre las distintas autoridades catastrales y registrales.
Para ello, se desarrollará un Modelo para la Homologación de Trámites y Servicios Catastrales con el objetivo de unificar criterios requisitos, formatos y procedimientos de atención y resolución de trámites y servicios en materia catastral y un Modelo para la Homologación de Trámites y Servicios y Registrales con el mismo objetivo.
De acuerdo con la exposición de motivos, la homologación igualará la capacidad entre municipios, al cerrar la distancia entre los catastros que cuentan con un nivel avanzado de digitalización y aquellos que continúan operando de manera manual, pero también fortalecerá su capacidad recaudatoria.
"La actualización de los valores catastrales, la incorporación de los predios que hoy no están inscritos y la habilitación del pago digital del impuesto predial amplían la base gravable y reducen el costo de cumplimiento para las personas contribuyentes, sin necesidad de crear o modificar la arquitectura de contribuciones.
"El fortalecimiento del predial se traduce directamente en capacidad de gasto local", señala la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum.
.jpg&w=107&h=85&zc=1)
COMENTA ESTA NOTA