La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso, en este periodo legislativo, una iniciativa de reforma constitucional para poner fin a las pensiones millonarias que reciben ex funcionarios y ex empleados de confianza de empresas del sector energético.
"Va a haber una iniciativa de reforma constitucional porque se están analizando todos los derechos laborales para no afectar ningún derecho para ellos, solamente con una reforma constitucional, que ponga un límite a este abuso", dijo.
"Llama la atención cómo hay funcionarios de confianza que les seguimos pagando un millón de pesos al mes de pensión, mientras hay trabajadores que no recibieron nada".
Sheinbaum recordó que con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro se generaron condiciones desiguales.
"A muchos de ellos, ahora reciben por un decreto que hizo el Presidente López Obrador y que a través del Indep se les da, y se está buscando incorporar a otros trabajadores", expuso.
Cuestionó que algunos ex trabajadores de Pemex reciban 400 mil pesos mensuales y en Luz y Fuerza existan pensiones de un millón de pesos, mientras otros no reciben nada.
"O sea, ¿cómo es que una persona que trabajó por un tiempo, ni siquiera algunos pocos años, en Pemex y reciben 400 mil pesos mensuales? ¿O cómo es que los de Luz y Fuerza trabajaron y reciben un millón, un millón? Esos recursos tienen que ir a la gente", planteó.
La Mandataria insistió en que el objetivo es que se reduzcan a pensiones justas.
El 29 de agosto, el Gobierno federal informó que inició la revisión de pensiones "exorbitantes" y "ofensivas" que reciben ex funcionarios de la extinta LyFC y Pemex.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que, en el primer caso, se detectó a un ex servidor público recibe más de un millón de pesos al mes y 33 entre 700 mil y un millón de pesos.
Refirió que ex trabajadores de la desaparecida empresa estatal, muchos de los cuales formaban parte del personal de confianza, reciben 140 veces más que el promedio mensual de pensiones a nivel nacional.
La funcionaria indicó que se iniciaron mesas de trabajo con participación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Secretaría de Hacienda, el IMSS, el ISSSTE, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Pemex y la Comisión Federal de Electricidad para analizar la legalidad de esas pensiones.
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