El Senado de la República aprobó casi al medianoche y con ajustes, la iniciativa en materia de amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, encaminada a modernizar y fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y a eliminar los abusos en que se ha incurrido, sobre todo en el caso de créditos fiscales.
Esa reforma, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, fue aprobada con 76 votos de Morena y aliados y 39 en contra de la oposición, ya que pese a los cambios de fondo que se hicieron a la propuesta presidencial, PRI, PAN y MC los consideraron insuficientes y reclamaron la celeridad que se dio al proceso, toda vez que por la mañana se aprobó en comisiones y por la noche, en el pleno, durante una segunda sesión.
En la discusión en lo particular, la votación fue de 70 votos a favor de los legisladores de la 4T, ya que seis se habían retirado, antes de que se aprobara una reserva propuesta por Morena, para introducir un artículo transitorio que los guindas habían eliminado en la mañana y que establece que los juicios de amparo que se encuentren en trámite continuarán su proceso, hasta agotarse, conforme a las nuevas disposiciones., lo que a juicio de priístas y panistas, es una aplicación retroactiva de la ley.
Los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Insunza, respectivamente, resaltaron que se tomaron en cuenta las opiniones y propuestas de académicos, juristas, magistrados y autoridades y se hicieron las correcciones en lo que se refiere a interés legítimo y otros puntos cuestionados.
Durante el debate, legisladores de oposición insistieron en que la reforma acaba con el juicio de amparo, mientras que los morenistas y aliados resaltaron que con lo que se acaba es con excesos y arbitrariedades, que permitieron evadir impuestos, descongelar cuentas provenientes del lavado de dinero o liberar a delincuentes.
El senador Inzunza resaltó que el amparo conserva “su espíritu original de límite y dique frente al abuso y a la arbitrariedad”, pero se impide que sea un instrumento exclusivo de élites”.
El senador Corral precisó que se moderniza el juicio de amparo, al incorporar de manera clara el uso de herramientas digitales. Además, agregó, la vía digital será opcional, de modo que nadie quede excluido por carecer de medios tecnológico.
Explicó luego que se modificó el artículo quinto de la Ley de Amparo, para definir con mayor claridad la figura de interés legítimo, a fin de evitar demandas basadas en intereses abstractos. Sin embargo, no se cerró la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas.
Otro de los ajustes fue en torno a la suspensión del acto reclamado, donde se establecen límites en casos sensibles como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.
Se establece que la suspensión podrá negarse cuando se afecte el interés social y el orden público.
Se modificó también lo relativo a la inejecución de sentencias, a fin de que los funcionarios o autoridades responsables no se escuden en la “imposibilidad jurídica y material” para no cumplir las resoluciones en materia de amparo”.
Pese a esos cambios, durante horas, senadores de oposición insistieron en que se acabó con el amparo y los colectivos no podrán defender el medio ambiente o la salud. No será posible detener obras, como se hizo con el Tren Maya, se lamentó Alejandra Barrales, de MC.
El panista Raymundo Bolaños sostuvo que lo único que se protege es a la autoridad, al favorecer la recaudación del Estado y se quejó de que se eliminara el recurso de revocación en el pago de créditos fiscales y que no proceda la suspensión provisional en las cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En respuesta, el senador morenista Alejandro Murat, preguntó si el objetivo del amparo es defender a narcos, secuestradores, a quienes lavan dinero o sólo buscan evadir impuestos.
Durante la discusión en lo particular, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara presentó una reserva para modificar cuatro artículos transitorios del dictamen, entre ellos, el tercero en el que se establecía que “los asuntos que se encuentren en trámite al entrar el vigor el presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.
Fue un transitorio que se introdujo al dictamen durante la reunión de comisiones que se llevo a cabo el miércoles por la mañana, por iniciativa del presidente de la Comisión de Justicia Javier Corral.
El cambio propuesto por Huerta Ladrón Guevara fue: “Los asuntos que se encuentre en trámite al entrar en vigor el presente decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones que establece este decreto”. El legislador presentó ante la mesa directiva 11 tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte, en las que se establece que en algunos casos si procede la retroactividad de una ley.
Panistas, priístas y legisladores de Movimiento Ciudadano protestaron y advirtieron que se violaba el artículo 14 constitucional, ya que ninguna ley puede ser retroactiva.
Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que no es el caso, ya que la regla general es que la ley se aplica se aplica desde su entrada en vigor y hacia adelante. Sólo cuando afecta derechos adquiridos de manera previa, puede hablarse de retroactividad violatoria y agregó que con esta modificación se cierran las puertas de esa impunidad y se abre el camino a un cumplimiento efectivo de la sentencia.
La senadora del PRI Carolina Viggiano advirtió que no pueden convalidar una “reforma que mata los juicios en trámite, lo que significa una flagrante violación constitucional.
Los panistas Marko Cortés y Raymundo Bolaños advirtieron que esta modificación llegará a la Corte.
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