En México, las empresas destinan alrededor de 106 horas al mes en la realización de trámites, lo cual genera más costos e impide ser productivas, señalan datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
De acuerdo con Data Coparmex, 56.5 por ciento de los socios de la Confederación han tenido algún problema al realizar trámites gubernamentales en el último año.
Los principales problemas que enfrentan al momento de hacer trámites son los requisitos excesivos, la falta de claridad, los altos costos, la información incorrecta y, en menor proporción, la atención en ventanilla y contradicción de normas, señala el análisis que arroja la plataforma.
Con respecto al tipo de trámites donde los socios de la Coparmex enfrentaron algún problema, destacaron los servicios públicos, el pago de impuestos y aquellos relacionados con la propiedad.
Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión Nacional de Competitividad y Mejora Regulatoria del organismo patronal, advirtió en entrevista sobre el tema que en el País existen 150 mil regulaciones en los diferentes niveles de Gobierno, las cuales implican la realización de más de 300 mil trámites.
"La complejidad es igual en los tres niveles de Gobierno. Donde estamos rezagados es en algunos estados de la República, y el reto principal se encuentra en las autoridades municipales", manifestó el directivo de la Coparmex.
Consideró que es buena señal la creación de la Agencia de Innovación Gubernamental, la cual es una propuesta de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que tendrá como objetivo principal mejorar el ambiente para hacer negocios en el País.
Sin embargo, expresó, es preocupante que se pretendan exentar del Análisis de Impacto Regulatorio los procedimientos que presentó el Ejecutivo federal.
"Nos preocupa que la iniciativa de la que se ha hablado de modificación a la Ley General de Mejora Regulatoria, el que se pretenda exentar a la titular del Poder Ejecutivo de cualquier tamiz en materia de impacto regulatorio", señaló De Dios Barba.
"Sabemos que todos los trámites deben pasar por un proceso ante la Conamer (Comisión Nacional de Mejora Regulatoria), que esperemos sea fortalecida y se le dé mayor presupuesto (en la próxima Administración federal).
"Estos trámites que se presentan para un proceso de consulta pública y de evaluación de impacto regulatorio son fundamentales", añadió.
El Análisis de Impacto Regulatorio establece las afectaciones económicas que tendrán las empresas y los consumidores finales por cada reglamentación que se pretenda modificar o implementar.
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