Ante el creciente número de quejas presentadas por el gobierno estadounidense bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM) del Anexo 31-A del T-MEC, México enfrenta la urgente necesidad de regular el marco procesal que rige estos casos a nivel nacional, consideró L&E Global, empresa líder de servicios de derecho laboral y empleo transfronterizo con presencia en más de 80 países.
La firma dijo que sin una normativa interna clara, existe incertidumbre jurídica tanto para las empresas como para las autoridades respecto a los derechos, plazos y garantías del debido proceso durante las investigaciones del RRM.
El vacío regulatorio amenaza la previsibilidad de la aplicación de la normativa laboral en el marco del acuerdo comercial y socava los principios de seguridad jurídica.
Destacó que desde la entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020, el gobierno estadounidense ha utilizado activamente el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM) establecido en el Anexo 31-A para abordar presuntas denegaciones de derechos laborales en instalaciones mexicanas.
Si bien el tratado describe las etapas procesales básicas, México aún no ha promulgado normativa nacional específica que garantice la transparencia y la seguridad jurídica para las partes interesadas en estos procedimientos.
En la práctica, esta falta de regulación implica que las empresas que enfrentan una queja de RRM a menudo no tienen acceso al expediente, no se les notifica formalmente sus derechos ni cuentan con un plazo claro para responder o presentar pruebas.
Además, la investigación por parte de las autoridades mexicanas, principalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se realiza bajo estándares discrecionales, lo que podría generar un trato desigual y afectar el derecho de la empresa a una audiencia justa.
Académicos y profesionales del derecho han destacado las implicaciones constitucionales de este asunto. En particular, la ausencia de un procedimiento regulado puede entrar en conflicto con el Artículo 14 de la Constitución Mexicana, que establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad, propiedad o derechos sin un proceso debidamente fundamentado. También existen preocupaciones sobre el principio de legalidad, ya que actualmente las empresas están sujetas a importantes consecuencias internacionales (por ejemplo, sanciones comerciales o penalizaciones específicas para sus instalaciones) sin una vía legal codificada para su defensa.
La situación se complica aún más por la participación de actores internacionales, ya que el gobierno estadounidense desempeña un papel decisivo en la activación del RRM y la evaluación del proceso de remediación, a menudo en coordinación con sindicatos u ONG. Sin una normativa mexicana clara, esta dinámica corre el riesgo de volverse opaca y asimétrica.
Indicó que en última instancia, la falta de regulación nacional no solo pone en peligro la seguridad jurídica, sino que también puede erosionar la credibilidad de México en el cumplimiento de sus compromisos laborales en virtud del T-MEC. Establecer normas claras para el proceso de RRM contribuiría a la transparencia, el debido proceso y la legitimidad institucional.
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