El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informó ayer en su cuenta de X que se acordó un plan de acción integral con organizaciones productoras de jitomate para afrontar la cuota compensatoria de 17.09 por ciento aplicada por Estados Unidos a las importaciones procedente de nuestro país.
La Sader confirmó que el acuerdo se dio durante una reunión a la que acudieron representantes de la Secretaría de Economía; Consejo Agrícola de Baja California; Asociación Mexicana de Horticultura Protegida; Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa; la Comisión para la Investigación y Defensa de las Hortalizas de Sinaloa; el Sistema Producto Tomate y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo, además del Consejo Nacional Agropecuario.
Después de 90 días de negociaciones, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aplicó desde el pasado lunes una cuota compensatoria antidumping de 17.09 por ciento a las importaciones mexicanas de jitomate, al hacer oficial el fin de un acuerdo que data de 1996 a petición de productores de Florida.
Morena, en la Cámara de Diputados, resaltó que el impacto de la cuota no será sólo para los productores, sino a toda la cadena de suministro, que sostiene más de 46 mil empleos directos e indirectos.
La bancada de Acción Nacional planteó una política de incentivos y compensaciones fiscales a la industria tomatera y calculó que el daño podría ser de 800 millones de dólares anuales.
El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, resaltó que dos de cada tres tomates que se consumen en Estados Unidos son cultivados en México. Esta cuota podría afectar la competitividad de ambas economías y encarecer alimentos básicos para millones de familias, expuso.
Refirió que el comercio bilateral de jitomate representa un mercado de más de 2 mil millones de dólares anuales, del cual dependen miles de productores en México y Estados Unidos y citó que, según proyecciones de especialistas, la imposición de las cuotas podría elevar los precios al consumidor estadunidense hasta 10 por ciento y reducir la demanda en casi 5 por ciento, con efecto en pequeños negocios y cadenas de suministro en Estados Unidos.
El vicecoordinador económico del blanquiazul, Héctor Saúl Téllez, señaló que con la imposición de cuotas por parte de Estados Unidos al segundo producto de exportación de México –después del aguacate– podrían perderse entre 25 mil y 30 mil empleos. Por ello, planteó que el gobierno federal aplique un esquema de apoyos o créditos blandos, una reestructura industrial del sector e incluso buscar mercados distintos.
Productores de Sonora y Baja California advirtieron sobre las afectaciones a sus economías regionales. Manuel Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate de Sonora, expuso que la siembra de esta hortaliza genera alrededor de 400 mil empleos directos y hasta 2 millones de empleos al año, principalmente en comunidades rurales del sur del estado.
A su vez, labriegos de Baja California aseguraron que el arancel de 17.09 por ciento impactará de manera directa a la producción de San Quintín, donde 80 por ciento de las cosechas se exportan a Estados Unidos.
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