Un grupo de mil 100 jueces y magistrados federales solicitaron de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir para que solicite a México suspender la reforma judicial, porque apunta hacia un "golpe de Estado técnico" que convertiría al País en una "dictadura".
Los magistrados Juan José Olvera López y José Manuel Torres Ángel dieron a conocer el documento con 10 peticiones entregado esta mañana en Washington a la CIDH, para que ejerza sus atribuciones derivadas del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
"Como se puede apreciar, los cambios constitucionales que se encuentran en curso revelan que, bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendente a la captura, cooptación y sometimiento ahora también del Poder Judicial, bajo una sola corporación política que de llegar a cristalizar sus pretensiones materializaría un golpe de Estado técnico, en tanto que ubicaría al Estado mexicano en una misma posición que décadas atrás se lograba por medio de las armas en la región latinoamericana, es decir, en una dictadura de facto", dice el documento entregado a la CIDH.
"Solicitamos a la CIDH que, a la mayor brevedad: (solicite) al Estado mexicano que, en aplicación del artículo 41 de la CADH, evalúe la opción de suspender temporalmente el proceso legislativo de reforma judicial en curso, para realizar una revisión integral y exhaustiva de la Convencionalidad del proyecto de reforma, la cual podría realizarse mediante un mecanismo debidamente acordado ante la CIDH entre el propio Estado mexicano y los suscritos".
Entre los puntos petitorios a la Comisión, los impartidores de justicia le piden valorar la situación real de la democracia en México e incluyan al país dentro del capítulo de su informe anual ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, como se ha hecho con estados como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Guatemala.
Lo anterior, con el propósito de someter a México a un mayor escrutinio permanente sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El documento puntualiza que el cese masivo de los impartidores de justicia, con la presente reforma, es un "acto ilícito internacional", conforme al derecho internacional y el sistema interamericano de derechos humanos, porque atenta contra el acceso a la justicia, la protección judicial, las garantías judiciales y la independencia judicial.
Los juzgadores también se refieren al Tribunal de Disciplina Judicial como el órgano con el que se pretende someter y terminar con la autonomía de los impartidores de justicia, porque alentaría los favores políticos.
"El establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial -previsto en la iniciativa de reforma- que puede castigar y remover a jueces incómodos para el régimen, incentivando favores políticos en lugar de la imparcialidad judicial, y cuyos jueces no tienen garantías de independencia para resistir presiones y defender las decisiones del resto de los jueces y magistrados federales", indica.
Otro de los 10 puntos petitorios es que la CIDH realice una observación presencial en México, para escuchar testimonios de los juzgadores y de la sociedad, así como elaborar un informe sobre la situación por la que atraviesa México en materia de democracia e independencia judicial e instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento sobre la temática.
Otra de las peticiones es solicitar al Estado mexicano responder 20 preguntas incluidas en el escrito, relacionadas con la reforma, tales como cuál es el diagnóstico de la justicia en México y cómo se garantiza la separación de poderes.
También, cómo se garantiza en el proyecto de reforma judicial que el Tribunal de Disciplina Judicial no sea un mecanismo de amedrentamiento permanente contra las autoridades judiciales que, por esa misma razón, merme la independencia judicial.
Esta solicitud de los juzgadores es distinta a la presentada la semana pasada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), en la que también solicitó a la CIDH dictar medidas cautelares.
El magistrado Olvera, uno de los que hoy dio a conocer el documento, fue quien en el 2005, en calidad de juez de distrito, decidió no ordenar la comparecencia del entonces Jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador, tras ser desaforado.
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