Caracas.- El gobierno venezolano respondió con un comunicado oficial las amenazas provenientes de Estados Unidos, concretamente el anuncio del despliegue de una flota de guerra en aguas del Caribe sur, es decir, al norte de Venezuela. Esta movilización, responde, según funcionarios de Washington, a la necesidad de combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina.
Pero en Venezuela no lo ven así. El documento divulgado por el canciller Yván Gil señala estos gestos como signos de “desesperación de la administración estadunidense, que recurre a amenazas y difamaciones” contra el país. Además, alertan que estas amenazas “no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región”.
El comunicado de cierta manera desestima las amenazas y movimientos de la Casa Blanca, afirmando que lo que demuestran es su incapacidad para doblegar al gobierno bolivariano.
“Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos”, dice la misiva.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes al responder una pregunta sobre el despliegue naval que la administración de de Donald Trump “está dispuesta a usar todo el poder estadunidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia". También enfatizó en que Washington no considera al de Nicolás Maduro como el “legítimo gobierno de Venezuela”, sino que se trata de un “cartel narcoterrorista”.
De la amenaza al despliegue bélico
El lunes la agencia de noticias Reuters publicó que al menos tres destructores estadounidenses (buques de guerra) con misiles guiados Aegis llegarían a la zona sur del Caribe en un lapso de 36 horas. Además, se conoció que este despliegue de artillería naval está acompañado de la movilización de al menos 4 mil 500 tropas. El argumento utilizado es que necesitan maniobras de ese calibre para perseguir a organizaciones narcotraficantes que han sido catalogadas por Washington como terroristas y, en tanto, son una amenaza para su seguridad nacional.
Los buques movilizados, según la misma agencia, son: Gravely, el Jason Dunham y el Sampson. Analistas señalan que no había una movilización similar desde la invasión de Panamá en 1989.
El mismo día, el presidente Nicolás Maduro, condenó que Estados Unidos recurra a falsas acusaciones sobre narcotráfico para intentar violar la soberanía de Venezuela y derrocar su gobierno.
“Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros; las liberamos y las patrullamos nosotros; ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica”, expresó.
Prevención y seguridad
Maduro encabezó este martes un acto de refuerzo de dispositivos policiales en Caracas, la capital venezolana. La red de movilización de cuerpos de seguridad se llama “Cuadrantes de Paz” y consiste en la distribución de equipos de asignación específica a cada una de las 299 zonas en las que fue dividido el territorio de la ciudad. Estos equipos incluyen enlace con las organizaciones comunales de cada sector y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esta manera se busca detectar y abordar cualquier amenaza que surja.
Maduro subrayó que esta medida se toma bajo el principio estratégico de la “unión perfecta popular-militar-policial”. “Esta alianza indisoluble entre el pueblo organizado y los cuerpos de seguridad del Estado alcanza una nueva fase de expansión”, dijo.
Además, este mismo martes se conoció una disposición que “suspende y prohíbe, en todo el espacio geográfico nacional, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos; así como sus partes y componentes”. Esta medida estará vigente por 30 días, prorrogables por un período similar.
La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial 6.927, de fecha 18 de agosto de 2025, y justifica la suspensión de operaciones de drones en Venezuela con la obligación de “proteger al pueblo venezolano ante cualquier amenaza interna o externa por el uso inadecuado sobre los objetos que se desplazan o sostienen en el aire, que constituyan un riesgo para la defensa integral del territorio nacional y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela”.
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