En un tercer intento, Estados Unidos, a través de la Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM, por sus siglas en inglés) por una disputa laboral en Minera Camino Rojo.
Los trabajadores del complejo minero especializado en la extracción y producción de oro y plata, ubicado en el municipio de Mazapil, Zacatecas, denunciaron violaciones a sus derechos de libertad de negociación y asociación colectiva por parte de la compañía canadiense Orla Mining.
El 24 de junio de 2024, el Comité Laboral Interinstitucional para el Monitoreo y la Aplicación (ILC, por sus siglas en inglés) recibió una petición del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, alegando una denegación de derechos en Minera Camino Rojo, mina propiedad de Orla Mining, con sede en Canadá.
Los trabajadores alegaron que la mina Camino Rojo interfiere con los asuntos sindicales en la instalación al menospreciar y socavar la fuerza del apoyo de los trabajadores al sindicato titular, Mineros, y promover la afiliación de los trabajadores a un sindicato externo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana.
El ILC, en respuesta a la petición, determinó que había pruebas suficientes y creíbles de una denegación de derechos que permitían la invocación de buena fe de los mecanismos de aplicación.
Como resultado, el Representante Comercial de los Estados Unidos presentó una solicitud a México para que revisara si a los trabajadores de Camino Rojo se les negó el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva.
México tuvo 10 días para decidir si aceptar la solicitud de revisión de los Estados Unidos y, habiendo aceptado hacerlo, 45 días para completar la revisión.
Al final de su período de revisión, el País emitió un informe con un hallazgo limitado de una denegación de derechos en las instalaciones mineras de la filial canadiense.
El anuncio se da luego de una solicitud de revisión que Estados Unidos envió a México el 29 de agosto de 2024, en el que se le pidió al País revise si a los trabajadores de la empresa minera se les niega el derecho a la libertad de asociación y la negociación colectiva.
En al menos 22 casos hasta la fecha, los Estados Unidos y México han podido cooperar para abordar con éxito las violaciones de los derechos laborales en las instalaciones mexicanas en cuestión.
"No se llegó a una resolución acordada en este asunto y, por lo tanto, los Estados Unidos han determinado que es apropiado solicitar un panel para verificar el cumplimiento de la instalación con las leyes laborales mexicanas", denunció el gobierno de Estados Unidos.
En un comunicado, Tai manifestó que esta tercera solicitud del panel es otro ejemplo del compromiso de la administración Biden-Harris de empoderar a los trabajadores y proteger sus derechos y dignidad.
"Todo trabajador merece la libertad de organizarse, unirse a un sindicato y hablar por lo que es justo, sin miedo ni intimidación. Así es como estamos haciendo realidad esa promesa y nivelando el campo de juego para los trabajadores aquí en casa", sostuvo la representante comercial.
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